Justicia

Las Juventudes Socialistas de Vicálvaro mostramos nuestro gran desacuerdo con los temas surgidos estos días en relación con la Justicia.

Para empezar denunciamos el enorme escandalo que supone el enjuiciamiento del Sr. Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. La denuncia interpuesta por el pseudosindicato fascista "Manos limpias" para impedir que se condene simbólicamente a los apoyos de la dictadura es una vergüenza internacional. La ley de Amnistía, en la cual se basan para su denuncia no prohíbe expresamente su investigación, aunque según la interpretación puede hacerlo. Sin embargo, el derecho internacional prohíbe toda ley que impida investigar crímenes contra la humanidad, por lo que esta ley sería ilegal y el Sr Juez está en todo derecho de investigar los crímenes del fascismo en España. Lo cual no quiere decir que en "el otro bando", a pesar de ser el bando legal surgido de las urnas no se cometieran crímenes. Sin embargo, el Régimen ya reparó esos crímenes, mientras que las víctimas republicanas siguen en las cunetas. 

Proseguimos con el caso "Gürtel", en sus dos vertientes. Para empezar consideramos probado que Camps y Costa recibieron regalos de las empresas de la trama, lo cual, al menos en el caso del expresidente es cohecho, tipificado como delito. Las escuchas telefónicas son vergonzosas para nuestro país y son suficientemente explícitas, pero como dice la sabiduría popular no hay más sordo que el que no quiere oír. Consideramos que no se puede poner estos casos en manos de un jurado popular, al no ser estos expertos en derecho, como requiere este caso.Luego, volviendo al juez Baltasar Garzón, consideramos vergonzoso que se le juzgue por prevenir un delito como la evasión de capitales, delito que efectivamente querían cometer los acusados y sus abogados como prueban las escuchas. Y el código penal admite las escuchas entre acusado y abogado para prevenir delitos, ya se había hecho antes y nadie se había manifestado en contra.

Por último, queremos rechazar de plano las reformas que propone el ministro de Justicia. La cadena perpetua, aunque usen el eufemismo de "revisable", es una aberración que no se ha de permitir en una democracia consolidada como la española, y que va contra el objetivo de las penas marcado en la Constitución (art. 25), es decir, la reinserción social; lo cual hace esta propuesta inconstitucional. Volver a la ley del aborto anterior es un retroceso que no se puede tolerar, y constituye una buena prueba de que con el PP volvemos a los años 80, o 90. Por último, la reforma del Consejo General del Poder Judicial significa que la derecha vuelva a tener el monopolio de la justicia, por si no fuera suficiente con lo que evidencian todas estas noticias, y quitar la elección ciudadana, aunque sea indirecta, de la constitución de los órganos judiciales. Aprovechamos para denunciar la portada de hoy día 25 de Enero de El Mundo, pues es una evidencia de mala praxis periodística y difamación, pues el gobierno de José Luis Rodriguez Zapatero no controló en ningún momento las sentencias judiciales, como prueba el número de sentencias contrarias a la opinión del gobierno, al igual que la de La Razón de ayer, día 24 de Enero, que rezaba "el ministro Sebastián adjudicó a dedo un contrato de 4.2 millones de euros", cuando en el mismo artículo pone que se hizo mediante concurso legal, lo que supone una contradicción in terminis, y otra mala praxis periodística y difamación en los medios de la derecha.

Y muchos temas más, como la tercera impugnación al juez Garzón, que consideramos esperpénticos y poco dignos de una democracia como debiera ser la Española.